PAÍS

PAÍS. Hackers robaron la base de datos de todas las licencias de conducir del país y la pusieron en venta

La información está a la venta en un sitio de comercio de datos por 3 mil dólares.

Un grupo de hackers robó la información de las licencias de todos los conductores del país y puso a la venta el paquete de información de la base de datos por 3 mil dólares.

En tanto, los delincuentes, para demostrar la veracidad del acto delictivo, filtraron los carnés de funcionarios de relevancia máxima, como el del presidente Javier Milei y los de los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich.

"En este momento están a la venta 5,7 millones de licencias de conducir nacionales del sistema de seguridad vial", indicó Julio López, especialista en seguridad informática, en declaraciones al canal Todo Noticias.

Los delincuentes mostraron también que accedieron a los datos de figuras del mundo del espectáculo nacional, como Marcelo Tinelli, Tini Stoessel, el "Chino" Darín y Guillermo Francella.

El experto en seguridad de datos Pablo Sabbatella enumeró los datos que se llevaron los estafadores a través de un posteo en su cuenta de X. "Tal como reporta @BirminghamCyber, se encuentra a la venta la base de datos completa con 5.7 millones de licencias de la DNRPA (Dirección Nacional de Registro de Propiedad del Automotor). Datos incluidos: credencial de ambos lados, nombre completo, foto, QR, sexo, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, dirección, tipo de sangre, tipo de licencia, restricciones de manejo, etc.", indicó.

A principios de mes, más de 115 mil archivos fueron sustraídos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y publicado para descargar gratis en un foro de compra venta de datos personales y en la app Telegram.

La semana pasada, el mismo usuario subió un set de datos de usuarios de Nosis, un sitio muy usado que ofrece "información estratégica de ciudadanos" y que incluye direcciones, documentos, teléfonos y otros datos como relaciones laborales y registros financieros.

Ante este tipo de filtraciones, el Estado debería notificarlo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

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