Se trata de un sirenazo nacional y simultáneo en todos los cuarteles del país para visibilizar el agudo ahogo financiero que atraviesan las instituciones de socorro debido a la falta de respuestas del Gobierno nacional

La presidenta de la Asociación de Bomberos de Rivadavia, Marta Cucurull, aclaró que la medida busca llamar la atención de las autoridades sin afectar la operatividad de los cuarteles: ante cualquier emergencia o llamado que se presente a esa hora exacta, el personal asistirá de forma inmediata

La millonaria deuda con el cuartel de Rivadavia

Cucurull especificó que el reclamo radica en las demoras y faltas de pago de los fondos establecidos por la Ley Nacional 25.054.

Dicha normativa fija de manera clara que el 5 por 1.000 de las primas de seguros que pagan los ciudadanos debe destinarse de forma directa al financiamiento del sistema de bomberos.

Sin embargo, la dirigente denunció que es la primera vez en la historia que se los deja más de un año sin percibir estos fondos por canales oficiales.

En el caso específico de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rivadavia, la deuda acumulada por el Estado nacional asciende a casi 100 millones de pesos.

En detalle, Nación les adeuda un remanente del año 2025 de aproximadamente 35 millones de pesos y otros 60 millones correspondientes al primer semestre de 2026, los cuales debieron haberse cobrado durante la primera mitad de este año.

A esto se suma un reclamo federal por un remanente nacional de 59.330 millones de pesos del ejercicio anterior que debió ser redistribuido entre los cuarteles que tenían sus papeles en regla -como es el caso de Rivadavia-, pero que la administración central tampoco ha transferido a las cuentas de las federaciones.

Costos dolarizados y eventos para poder subsistir

La falta de estos recursos de origen legal asfixia el funcionamiento diario. Mantener el cuartel de América operativo implica hoy un costo promedio de entre 9 y 10 millones de pesos mensuales, destinados a cubrir los costosos seguros de vida del personal, las pólizas de los móviles, el mantenimiento de los vehículos y el combustible.

Para paliar la falta de giros del Estado, la comisión y el cuerpo activo deben organizar asados, ferias de ropa usada y eventos comunitarios constantes.

"No lo hacen porque tengan ganas, lo hacen porque necesitan la plata", remarcó Cucurull, elogiando el meticuloso trabajo de la tesorera Andrea Carrizo, junto a las contadoras Candel Martínez y Gabi González, para no malgastar un solo centavo.

La imposibilidad de contar con el dinero de la Ley 25.054 paraliza también las inversiones en equipamiento de seguridad e indumentaria, elementos cuyos precios están completamente dolarizados.

Recientemente, representantes de las asociaciones de Rivadavia y de Fortín Olavarría viajaron a Buenos Aires para participar de la exposición Intersec en la Rural, con el fin de cotizar trajes y calzado que tienen fecha de vencimiento.

"Allí no se puede hablar en pesos; un par de botas especiales cuesta entre 200, 300 o hasta 800 euros y dólares porque las telas ignífugas y de alta tecnología son importadas", puntualizó la presidenta, lamentando no poder concretar las compras necesarias debido al congelamiento de los fondos.

Riesgo de cierre de cuarteles en el país

Aunque el cuartel de Rivadavia logra sostenerse gracias al constante apoyo vecinal y la prolijidad administrativa de su comisión, la realidad en otras regiones es desesperante.

Cucurull alertó que muchas asociaciones de localidades pequeñas no cuentan con la misma colaboración de su comunidad y ya se encuentran al límite, al punto de carecer de choferes en la calle o recursos mínimos para mover sus móviles de emergencia.

"En el grupo de presidentes de federaciones te duele escuchar los audios", confesó la titular de Rivadavia, relatando el caso de un presidente de un cuartel de San Luis que se comunicó con intenciones de comprarles un camión usado de Rivadavia y le suplicó angustiado: "Señora, véndamelo porque no podemos subsistir".

Frente a este escenario límite, la dirigencia de bomberos de todo el país espera que el reclamo de este jueves sirva de advertencia pacífica para que el Gobierno nacional cumpla con la ley vigente, anticipando que de no mediar respuestas se iniciará un esquema de movilizaciones más profundas.

"Pensemos a Rivadavia sin los cuarteles de bomberos. No nos estamos ahogando por un capricho, es una ley que se tiene que cumplir", concluyó Cucurull.